Un breve diagnóstico de la situación actual de la Educación Superior no puede pasar por alto que se necesita mejorar globalmente la calidad para disminuir la actual segregación entre instituciones buenas para ricos y malas para pobres. Se necesita equidad en el sistema, que no se sigan perdiendo los estudiantes talentosos de escasos recursos que no lograr cruzar la barrera de acceso, y se debe aliviar a sus familias de los altos costos de la educación. Las instituciones públicas necesitan consolidar sus proyectos educativos con la autonomía, y esto no va ser viable sin profundos cambios que le permitan primero que todo financiarse adecuadamente.
Se necesita con urgencia categorizar a las instituciones para poder superar los criterios históricos con que se distribuye en financiamiento y se organizan las universidades en torno a un añejo Consejo de Rectores. Este paso inicial es imprescindible para luego poder plantear un trato preferencial con las Estatales y establecer un criterio distinto en la asignación de recursos a las privadas que permita fortalecer la regulación del estado sobre ellas y cortar de una vez por todas el financiamiento que hoy día reciben por concepto de AFD y AFI sin rendir cuentas por ello.
La educación superior necesita regulación para lograr niveles adecuados de excelencia académica, y ese rol solo le puede caber al Estado. Pero esto no puede lograrse solo haciéndose cargo de las universidades de su propiedad, sino que tiene que poseer mecanismo que le permitan dictar reglas justas a todo el sistema y el mejor de estos es el financiamiento condicionado al cumplimiento de una misión pública.
Las instituciones Estatales deben cumplir con un mandato público por obligación y las privadas podrían optar voluntariamente a este mismo compromiso. De esta manera se reconfiguaría la institucionalidad y podríamos tener un Consejo de Universidades Públicas, formado por aquellas que den garantías de cumplir un ro público, y así el Estado podría pasar de financiar a las tradicionales, para financiar a las comprometidas con el bien común.
Una clave fundamental está en definir a cabalidad en que consiste este compromiso con lo público, para no caer en el fatal error de considerar que cualquiera que forma profesionales, sobre todo si estos son de buena calidad, está llevando a cabo un bien público, lo que haría que tuviéramos que creer que todas las instituciones lo son.
El carácter publico de una institución no está en como se financia o solamente en el carácter de su propiedad, sino en quién toma las decisiones dentro de la institución, si es una autoridad pública o privada. Las autoridades públicas son elegidas o designadas por una franquicia pública y tienen un mandato para realizar su gestión, que generalmente implica un compromiso con el bien común, transparencia, responsabilidad, etc. Además en las principales universidades estatales estas autoridades son mandatadas por cuerpos colegiados como el Senado Universitario, que permiten que la institución sea gobernada no por un gerente, sino por su comodidad.
El compromiso con lo público, que debería ser la condición para optar a fondos fiscales, solo se asegura democratizando a las instituciones, exigiéndole mecanismos de acceso equitativos, y comprometiéndolas con la libertad de cátedra, libertad de asociación y una orientación laica. Esto es lo mínimo que le exigiríamos a una institución estatal y varias universidades de propiedad privada, cuyas motivaciones de origen nunca fue el lucro, estarían dispuestas a asumirlo si fueran las reglas del juego.
Necesitamos instituciones públicas abiertas, democráticas, laicas y pluralistas, y un estado capas de regular el sistema, exigir cuentas y establecer estándares mínimos de calidad. Necesitamos un trato diferencial para las instituciones estatales. Deben dejar de financiarse los proyectos educativos privados que surgen de los propietarios y no de sus comunidades. Debe abrirse la universidad a la sociedad en el acceso y comprometerse con el bien común. Debe de una vez por toda socializarse el conocimiento y ponerse a disposición de todo aquel que quiera o necesite acceder a el.